La hora de la verdad para la libertad de prensa en Europa
El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) entra en vigor en plena tensión entre Bruselas y varios Estados miembros
“La libertad de prensa está bajo amenaza en muchos países de la UE”. La frase de Sabine Verheyen, vicepresidenta primera del Parlamento Europeo y ponente del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, resume el clima de alarma con el que se recibe la entrada en vigor de la European Media Freedom Act (EMFA). Desde el 8 de agosto de 2025, esta normativa es de obligado cumplimiento en los 27 Estados miembros, pero el entusiasmo institucional contrasta con la lentitud y la resistencia de varios gobiernos.
¿Qué supone la nueva ley?
La EMFA es el primer reglamento comunitario que aborda de forma integral la protección del periodismo y el pluralismo. Al ser un reglamento, no necesita transposición nacional: es directamente aplicable en todos los países de la Unión. Entre sus objetivos destacan blindar la independencia editorial de los medios, reforzar la transparencia sobre su propiedad y la distribución de la publicidad institucional, y garantizar que los periodistas no puedan ser vigilados ni sus fuentes comprometidas.
Esta normativa es de obligado cumplimiento en los 27 Estados miembros, pero el entusiasmo institucional contrasta con la lentitud y la resistencia de varios gobiernos.
La ley también introduce un elemento inédito: limita el poder de las grandes plataformas digitales a la hora de bloquear o degradar contenidos de medios de comunicación. Y establece un nuevo organismo, el European Board for Media Services, encargado de supervisar la aplicación uniforme del reglamento en toda la UE.
Obligaciones para los medios
La entrada en vigor de la European Media Freedom Act obliga a los medios españoles, como al resto de los medios de la Unión, a un nuevo marco de transparencia e independencia. Deberán hacer pública su estructura de propiedad y las fuentes de financiación, incluida la publicidad institucional que reciban, someterse a criterios objetivos en el reparto de esas campañas y garantizar que sus decisiones editoriales estén libres de injerencias políticas o empresariales. Los medios públicos, además, tendrán que reforzar la autonomía de sus órganos de gestión y asegurar una financiación estable. La normativa también protege a los periodistas frente a la vigilancia y garantiza el secreto de sus fuentes, mientras que frente a las grandes plataformas digitales los medios podrán reclamar que sus contenidos no sean eliminados ni degradados de forma arbitraria.
Un mes después de su entrada en vigor, el diagnóstico de implantación en España es mejorable. Como explica Fernando Varela en infoLibre: «Los medios españoles ignoran el reglamento europeo que los regula un mes después de su entrada en vigor». El incumplimiento en España responde tanto a la lentitud del Gobierno a la hora de aprobar las leyes necesarias para adaptar la normativa, como a la resistencia de los propios medios a aceptar obligaciones incómodas: publicar de manera transparente quiénes son sus propietarios reales, detallar los fondos recibidos en publicidad institucional o instaurar mecanismos internos que garanticen la independencia editorial. El resultado es que, por ahora, la EMFA apenas ha tenido efectos prácticos y el compromiso con la libertad de prensa sigue en entredicho.
Desigualdades en la aplicación
A nivel internacional, la entrada en vigor de la norma no asegura por sí sola su efectividad. Hungría ha mostrado una oposición frontal, Malta y Grecia apenas han avanzado en la adaptación y España progresa con retraso, vinculando la aplicación de la EMFA a su Plan de Acción Democrática. Dinamarca y Suecia, en cambio, figuran entre los países mejor preparados.
Verheyen ha dejado claro que la Comisión Europea debe actuar frente a los incumplimientos. Si no hay avances, Bruselas enviará cartas formales y podría activar sanciones. La eurodiputada alemana insiste en que el problema no es únicamente ideológico, sino de poder: “Hay gobiernos de distintas ideologías que ponen trabas a la aplicación de esta ley porque limita su capacidad de controlar a los medios”.
El Gobierno español ha reiterado públicamente su compromiso con la normativa y ha anunciado reformas legislativas en marcha. En julio, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que 18 de las 31 medidas previstas en el plan ya estaban activas, cifra que Óscar López, jefe de gabinete de Transformación Digital, elevó a 19 con la aprobación del Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Ordenación de los Medios de Comunicación. La norma otorga a la CNMC competencias para sancionar a plataformas y medios y refuerza la transparencia en la propiedad y la financiación. Pese a ello, Verheyen insiste en que no se trata de seguir legislando, sino de aplicar de manera inmediata lo que ya obliga el reglamento europeo.
La visión de Reporteros Sin Fronteras
Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han celebrado la aprobación de la EMFA, pero con cautela. RSF advierte de que la norma corre el riesgo de quedarse en papel mojado si no existe voluntad política real en los Estados miembros. Aun así, destaca un logro fundamental: por primera vez, se reconoce de manera legal el derecho de los ciudadanos europeos a recibir información plural y fiable.
RSF ha señalado además la urgencia de reforzar la independencia editorial y financiera de los medios públicos. En un informe reciente, incluso propuso la creación de un impuesto específico sobre las grandes plataformas digitales para asegurar una financiación estable y sostenible que evite la dependencia directa de los gobiernos.
La coalición MFRR también alerta
La coalición Media Freedom Rapid Response, que reúne a organizaciones como ARTICLE 19 Europe, la Federación Europea de Periodistas y el European Centre for Press and Media Freedom, coincide en el diagnóstico. Aunque saludan la entrada en vigor de la ley, advierten que su éxito dependerá de la firmeza con la que la Comisión Europea y el nuevo consejo de medios hagan cumplir las obligaciones. “No basta con proclamar principios, hacen falta mecanismos de control y sanción”, han señalado en un comunicado.
El reto de las plataformas digitales
Uno de los puntos más sensibles del reglamento es el artículo 18, que prohíbe a las plataformas eliminar o degradar de forma arbitraria los contenidos periodísticos. Verheyen lo defiende como una medida necesaria para equilibrar un ecosistema marcado por algoritmos opacos y adictivos que refuerzan la polarización. A su juicio, el futuro del periodismo libre en Europa pasa también por limitar la capacidad de los gigantes tecnológicos para condicionar el acceso a la información.
Una prueba para la credibilidad democrática
La entrada en vigor de la EMFA marca un hito simbólico en la historia de la Unión Europea. Pero la verdadera prueba será su aplicación real. La independencia de los medios públicos, la transparencia en la propiedad, la protección de las fuentes y la limitación del poder de las plataformas digitales no pueden depender únicamente de declaraciones políticas.
Como recuerda RSF, lo que está en juego es que los gobiernos conviertan las palabras en hechos. La credibilidad democrática de la Unión se medirá, en gran parte, por la capacidad de esta nueva Ley de Libertad de Medios para proteger el derecho de los ciudadanos a una información libre, plural y fiable.
